Gobierno pone bajo nuevas reglas las inversiones tecnológicas del Estado dominicano

Por:Juan Carlos Figueroa

El Decreto 714-26 otorga al MAP la coordinación de las contrataciones digitales estratégicas y busca reducir gastos duplicados, reforzar la seguridad informática y proteger los datos públicos.

República Dominicana -(Santo Domingo)-. El Gobierno dominicano estableció nuevas reglas para organizar las inversiones tecnológicas de las instituciones públicas, mediante el Decreto núm. 714-26, que dispone la coordinación de los proyectos digitales estratégicos del Estado y busca mejorar el aprovechamiento de los recursos públicos.

La medida procura evitar la duplicación de plataformas y sistemas informáticos, fortalecer la conexión entre las instituciones y garantizar que las soluciones tecnológicas respondan a una estrategia común de transformación digital, con mayores niveles de seguridad, eficiencia y continuidad de los servicios públicos.

A través de este reglamento, el Ministerio de Administración Pública (MAP) queda como autoridad responsable de coordinar la evaluación, priorización, seguimiento y control técnico de las contrataciones e inversiones digitales estratégicas contempladas en la disposición.

El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, destacó que esta iniciativa representa un avance en la organización de la gestión tecnológica gubernamental, al procurar que las inversiones de las instituciones públicas dejen de ejecutarse de manera aislada y respondan a objetivos nacionales compartidos.

MAP evaluará proyectos tecnológicos estratégicos

Entre las principales disposiciones figura el requisito de contar con una evaluación técnica previa del MAP antes de iniciar determinados procesos de adquisición de plataformas y soluciones digitales complejas por parte de las entidades del Poder Ejecutivo.

El reglamento también contempla la coordinación de licitaciones conjuntas entre varias instituciones públicas. Esta modalidad permitiría aprovechar economías de escala, mejorar las condiciones de contratación y reducir la duplicación de gastos en herramientas tecnológicas.

La disposición establece, además, la creación de la Comisión Técnica Interinstitucional para Contrataciones e Inversiones Digitales Estratégicas, coordinada por el MAP e integrada por representantes del Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Hacienda y Economía, la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y el Centro Nacional de Ciberseguridad.

Protección de datos y soberanía digital

Otro de los puntos relevantes es la declaración de interés estratégico nacional de la integración, modernización y fortalecimiento de la infraestructura digital soberana del Estado dominicano, establecida en el artículo 6 del decreto.

Con esta disposición, se busca reforzar la capacidad del Estado para administrar sus datos y garantizar que los sistemas tecnológicos puedan interoperar, trasladarse o sustituirse sin generar dependencias comerciales que limiten el control público sobre la información.

El reglamento prohíbe las cláusulas contractuales y los diseños tecnológicos que creen dependencias comerciales exclusivas o restrinjan el control directo del Estado sobre sus activos de datos.

Asimismo, las contrataciones que incorporen inteligencia artificial, algoritmos o sistemas avanzados de automatización deberán observar criterios de supervisión humana, transparencia y trazabilidad.

Las instituciones deberán mantener el cumplimiento de la ley

La nueva normativa no libera a las entidades públicas de cumplir las disposiciones legales sobre contratación pública, presupuesto, control interno, transparencia, protección de datos personales, ciberseguridad y acceso a la información pública.

Con este reglamento, el Gobierno procura avanzar hacia una administración pública más integrada, con inversiones tecnológicas mejor coordinadas y sistemas digitales capaces de contribuir a la calidad y continuidad de los servicios ofrecidos a la población.

Fuente: Presidencia de la República Dominicana y Ministerio de Administración Pública (MAP).

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