Por:Juan Carlos Figueroa

República Dominicana-(Santo Domingo)-  El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) prorrogó hasta el 4 de marzo el plazo para la recepción de comentarios, observaciones y aportes ciudadanos sobre la propuesta de reforma de la Ley General de Telecomunicaciones 153-98, iniciativa que servirá de base para la actualización del marco legal que regula el sector en la República Dominicana.

Mediante una comunicación difundida en su portal web y en medios de circulación nacional, el órgano regulador exhortó a los actores del ecosistema de las telecomunicaciones y a la ciudadanía en general a revisar el cuadro de lineamientos elaborado por el Indotel, el cual resume los criterios y orientaciones fundamentales de la propuesta de reforma.

La institución invita a remitir observaciones, comentarios y sugerencias que contribuyan al fortalecimiento del proyecto y al perfeccionamiento del marco normativo del sector.

El período de consulta pública permanece abierto desde el martes 23 de diciembre de 2025 hasta el miércoles 4 de marzo de 2026. Las opiniones deben enviarse al correo electrónico consultapublica@indotel.gob.do, habilitado exclusivamente para este proceso participativo.

Los interesados pueden acceder al cuadro sinóptico de lineamientos a través de los canales oficiales del Indotel, como parte de un ejercicio de transparencia y apertura institucional orientado a recoger visiones técnicas, jurídicas y sociales sobre la transformación del sector. También está disponible en el enlace oficial del organismo regulador.

La Ley General de Telecomunicaciones 153-98 constituye el principal instrumento normativo que regula el desarrollo, la prestación de servicios y la competencia en el sector desde hace 27 años.

Ante los avances tecnológicos, la convergencia digital y los nuevos modelos de negocio, el Indotel considera necesario adecuar este marco legal a las dinámicas actuales del mercado y a las demandas de los usuarios.

En este contexto, el órgano regulador impulsa la consulta pública como un paso previo a la formulación de una propuesta de reforma integral, alineada con las mejores prácticas internacionales, que garantice mayor eficiencia regulatoria, fomente la innovación, proteja los derechos de los usuarios y fortalezca la institucionalidad del sector de las telecomunicaciones.