Por:Juan Carlos Figueroa

El órgano persecutor pidió que el proceso sea declarado complejo, debido a la magnitud de la estructura desmantelada

República Dominicana-(Santo Domingo)- La procuradora fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, destacó la relevancia de la Operación Domo, mediante la cual el Ministerio Público desmanteló una red dedicada a la piratería digital y la reventa ilegal de señales de televisión y plataformas de streaming. La estructura operaba a nivel nacional e internacional y afectaba tanto a empresas dominicanas como a reconocidas compañías internacionales de producción y distribución audiovisual.

Ramos explicó que, aunque la piratería a menudo no es percibida como delito grave, genera un daño directo a la propiedad intelectual y permite que personas ajenas al trabajo legítimo de productores y empresas se lucren con contenidos protegidos por derechos de autor. Incluyendo películas, series y programas exclusivos de plataformas como Netflix, Disney+ y Amazon Prime Video.

La magistrada Ramos informó que, hasta el momento, hay cuatro personas imputadas, mientras se mantiene la búsqueda de otros miembros de la estructura. “Invitamos a las personas que faltan y que saben que son buscadas a entregarse, porque no vamos a cesar hasta que la estructura completa esté sometida”, advirtió.

Dependencias del Ministerio Público

Ramos agradeció el apoyo de las diferentes dependencias del Ministerio Público que han participado junto a la Fiscalía del Distrito Nacional en la investigación, bajo la coordinación de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público. Entre estas dependencias se encuentran la Unidad de Propiedad Intelectual (UPI), la Procuraduría Especializada Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec) y la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

La procuradora fiscal ofreció estas declaraciones tras la audiencia ser recesada por la jueza Ana Lee Florimón para el jueves 25 de septiembre, a las 9:00 de la mañana. Debido a que las defensas de los imputados solicitaron más tiempo frente a la numerosa cantidad de pruebas presentadas por el Ministerio Público.

El Ministerio Público solicitó a un tribunal del Distrito Nacional la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra los cuatro imputados de integrar la red de piratería digital desmantelada mediante la Operación Domo.

La medida solicitada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional contra Leonardo Alberto Casci Ocumarez. Raúl Ernesto Guzmán Lora, Keomirys Torres López y Víctor Luis Torres López.

Proceso complejo

Además, el órgano persecutor pidió que el proceso sea declarado complejo, debido a la magnitud de la estructura desmantelada, el alcance de las operaciones ilegales y la gran cantidad de pruebas que deben ser analizadas durante la investigación.

La solicitud presentada por el Ministerio Público, representado por Jonathan Baró Gutiérrez, procurador general de Corte de Apelación y coordinador de la Unidad de Propiedad Intelectual. Y José Agustín de la Cruz Santiago, procurador general de Corte de Apelación y titular de Pedatec. Así como por Rosalba Ramos Castillo, procuradora fiscal titular del Distrito Nacional. Pelagio Alcántara Sánchez y Bony Esther Suriel, procuradores generales de Corte de Apelación. Y los procuradores fiscales Marineldy Peña Hernández, Miguel Pichardo Ramírez, Katiuska Serulle Cabreja y José Manuel Calzado.

Cómo funcionaba la red

La red operaba en perjuicio de reconocidas compañías internacionales de producción y distribución audiovisual, entre ellas Paramount Pictures Corporation. Columbia Pictures Industries, Inc., Sony Pictures Television, Inc., Netflix Studios, LLC, Disney Enterprises, Inc., Amazon Studios, LLC, Universal Studios, LLC y Warner Bros. Entertainment, Inc., además del Estado dominicano, representado por el Ministerio Público.

De acuerdo con la investigación, los imputados utilizaban páginas como IPTV66 y Servidor Privado para vender accesos ilegales a más de 1,400 canales de televisión y 14,000 películas y series, incluyendo contenidos exclusivos de plataformas como Netflix, Disney+ y Amazon Prime Video. El esquema consistía en descifrar y compartir claves de acceso (IKS), que luego revendían en forma de suscripciones ilegales.

El Ministerio Público determinó que, a través de transacciones en bitcoins y cuentas bancarias nacionales e internacionales, los imputados movilizaron sumas millonarias. Solo en una de las direcciones vinculadas a la red se registraron más de US$9.7 millones en transacciones. Mientras que en cuentas locales se identificaron movimientos por encima de RD$285 millones y más de US$1 millón en depósitos.

Allanamientos

La operación se llevó a cabo en conjunto con miembros del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat) y el Departamento Especial de Investigaciones de Delitos Transnacionales (Deidet) de la Policía Nacional. Y contó con la cooperación internacional de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).

En los allanamientos, practicados en el Distrito Nacional, San Pedro de Macorís y Jarabacoa, se ocuparon equipos electrónicos, documentos y vehículos.

El caso calificado provisionalmente como violación a la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Y la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en perjuicio de las compañías internacionales y del Estado dominicano.

El Ministerio Público reiteró que este proceso forma parte de su estrategia integral de persecución contra la criminalidad organizada, en defensa de la innovación tecnológica, el comercio legal y la protección de los derechos de autor. Sumándose a las acciones impulsadas por la actual gestión de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso para enfrentar la criminalidad y la delincuencia en todas sus manifestaciones.

Las investigaciones establecieron que los detenidos forman parte de una red de la cual cuatro ya habían sido condenados en Estados Unidos en 2017 por hechos similares de piratería digital. La estructura utilizaba sofisticados mecanismos tecnológicos para vulnerar los sistemas de seguridad de plataformas de televisión paga y streaming, ofertando suscripciones ilícitas a nivel nacional e internacional.

El esquema incluía pagos con criptomonedas y la reventa de accesos. Generando millones en ganancias ilícitas que luego eran colocadas en el sistema financiero.